Número 35
 | DESMITIFICANDO EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ: Y LOS IMPACTOS ECONÓMICOS
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PRESENTACIÓN
Fue en marzo de 2001 cuando el gobierno mexicano da a conocer
oficialmente el Plan Puebla Panamá y es el presidente Vicente
Fox quien presenta la propuesta a los presidentes centroamericanos durante la
Cumbre de Mandatarios del Mecanismo de Diálogo y Concertación
de Tuxtla, celebrada en San Salvador el 15 de junio de ese mismo año.
Aunque al principio se manejó como una iniciativa concebida
para impulsar el "desarrollo integral de las nueve entidades que forman
la región Sur-Sureste de México", lo cierto es que muy pronto
se reveló como parte de un proyecto más amplio que incluía
también a las siete repúblicas centroamericanas.
El Plan Puebla Panamá se inscribe, por lo tanto,
dentro de la estrategia general que los Estados Unidos de Norteamérica
tienen para todo el continente y que ha impulsado a través de los tratados
de libre comercio y la constitución del Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA), cuyo objetivo central es la conformación
"de un bloque económico continental, que sitúe a los Estados
Unidos en una situación más ventajosa frente a los bloques económicos
de la Unión Europea y el constituido por las economías de la Cuenca
del Pacífico y de Asia".
En el caso concreto que nos ocupa, se trata de aprovechar las
"ventajas comparativas" de la región, que como se sabe, cuenta
con una gran cantidad de recursos naturales como son petróleo, gas, bosques,
agua, una biodiversidad de flora y fauna muy importante y abundante mano de
obra. Este aprovechamiento se hará, obviamente, mediante inversiones
en infraestructura, empresas agroindustriales, maquiladoras y modernas vías
de comunicación.
Todo esto tendrá grandes impactos económicos
y sociales en la región. Sin embargo es muy poca la difusión que
se le ha dado por parte de los gobiernos responsables del proyecto, por lo que
la mayoría de los ciudadanos de los países involucrados ignoran
todo acerca de sus contenidos y los pasos dados hasta ahora para su concreción.
Es urgente que las organizaciones sociales y de trabajadores
se informen y tomen medidas para contrarrestar esos impactos y le exigan a sus
gobiernos una mayor información y una consulta pública a los pueblos
para que estos tambien tenga voz y voto a la hora de tomar decisiones sobre
este y otros proyectos de integración economica.
El trabajo que hoy ponemos a consideración de nuestros
lectores es un documento del economista salvadoreño Raúl Moreno
(en el documento hace referencia a su país en varias ocasiones), profesor
e integrante de diversas organizaciones que estan luchando contra este tipo
de políticas. Consideramos que es un buen trabajo que nos permitira,
como dice él "disponer de un mejor conocimiento de la tematica y
agenda del Plan Puebla Panamá, procurando desmitificar los principales
planeamientos del discurso oficial, el cual proyecta a los tratados y acuerdos
de [libre comercio] como la panacea a los problemas de crecimiento económico,
desempleo y competitividad, y como la vía automática para la generación
de bienestar y desarrollo".
INTRODUCCIÓN
La creciente subordinación de nuestras vidas a la lógica
que impone el proceso de globalización, nos mueve a reflexionar sobre
los impactos directos e indirectos que los acuerdos, negociaciones y megaproyectos
de comercio-inversión están generando en las pequeñas economías
nacionales, en los territorios y en la cotidianeidad de las personas.
El propósito de este documento de trabajo es presentar
algunos elementos que permitan disponer de un mejor conocimiento de la temática
y agenda del Plan Puebla Panamá (PPP), procurando desmitificar los principales
planteamientos del discurso oficial, el cual proyecta a los tratados y acuerdos
de “libre comercio” como la panacea a los problemas de crecimiento
económico, desempleo y competitividad, y como la vía automática
para la generación de bienestar y desarrollo.
El PPP constituye un interesante ejemplo que muestra cómo
los fenómenos globales del comercio-inversión se aterrizan y ejecutan
en realidades concretas, descendiendo hasta el plano local. La lectura e interpretación
de la dimensión local de la globalización abre una puerta clave
en la resistencia y lucha de los pueblos frente a estos procesos que se presentan
como impenetrables. En este sentido, intentaremos realizar un ejercicio para
“colorear los lazos invisibles” que ligan estos tratados, acuerdos
y megaproyectos de comercio-inversión con la vida de los pueblos.
Este documento está estructurado en cuatro apartados.
Se parte de una breve revisión del contexto internacional en el que se
inscribe el PPP, para luego identificar sus contenidos y elementos incluidos
en la agenda económica del Plan. En el tercer apartado se alude a la
articulación del PPP en el proceso de “libre comercio” continental,
a continuación se presentan los potenciales impactos económicos
y sociales, para finalizar con una reflexión final sobre la importancia
de las acciones ciudadanas en el proceso.
1. UNA MIRADA AL CONTEXTO INTERNACIONAL DEL PPP
En estos tiempos en que se impone en el planeta una visión
cultural universalista de la competencia y el consumo, que anula la identidad
de los pueblos y reduce al mundo a aliados y enemigos -según la adhesión
o no al proyecto y los intereses de la potencia hegemónica mundial-;
en este mundo regido por una lógica atrofiada que confiere a la maximización
de la ganancia el valor superior de las cosas, por encima de los derechos de
los seres humanos y el respeto a la vida; el binomio comercio-inversión
se erige como el pilar de un “desorden mundial” que, en el proceso
evolutivo del capitalismo, ha llegado a invadir los órdenes político,
económico, social, cultural, laboral y ambiental de los pueblos, para
determinar y afectar -directa o indirectamente- la cotidianeidad de billones
de habitantes del planeta.
No cabe duda que este “desorden económico mundial”,
que resulta igualador en las ideas y en los patrones que impone, pero desigual
en las oportunidades y en el reparto de los pasteles que genera, ha consolidado
los intereses de las corporaciones transnacionales a través de la “planetarización”
de la producción, de las ventas y de la realización de las ganancias.
Uno de los rasgos relevante de este mundo “moderno”
es la universalización de la política económica a través
de los “combos” fabricados para las transnacionales por las instituciones
financieras internacionales -IFI- (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional
y Banco Interamericano de Desarrollo), los cuales se han aplicado indiscriminadamente
por los gobiernos nacionales en las más disímiles realidades y
cuyos efectos continúan soportando millones de personas.
La reducción del tamaño y de las competencias
del Estado, la apertura y eliminación de las regulaciones en las economías,
y la venta de los activos públicos a través de los procesos de
privatización, han sido los ejes de los programas de ajuste y de estabilización
impulsados por las IFI; y cuyos beneficiarios directos se han concentrado un
reducido grupo: las corporaciones transnacionales y los grupos económicos
dominantes en cada país.
Las transnacionales adquirieron a precios “de me lo
llevo” las empresas y activos públicos para constituir monopolios
privados en áreas de servicios públicos, anteriormente reservadas
al Estado; y la gran empresa nacional, representada en los gobiernos de turno
que implementaron el ajuste y las reformas, se benefició directamente
con la aplicación “tropicalizada” de estas medidas. Esto
permitió la consolidación de un grupo hegemónico empresarial,
integrado por unas cuantas familias, que se repartieron “las joyas de
la corona” y son ahora propietarias de las empresas insignias de El Salvador[1].
El desarrollo de la ciencia y tecnología -en los países
ricos- aplicado a la producción, ha estimulado la emergencia de una onda
tecnológica que privilegia el comercio de productos ganadores -como la
robótica, la informática, la biogenética, los nuevos materiales
y la microelectrónica-, en detrimento del comercio de los productos primarios
o perdedores, que continúan siendo la base de los flujos transables de
las economías subdesarrolladas, como las centroamericanas.
En el actual escenario económico mundial se configura
un mundo multipolar, regido por una tríada hegemónica estructurada
en bloques económicos regionales[2], con relaciones
de cooperación horizontal, enorme capacidad para determinar la orientación
de los flujos internacionales de inversión -principalmente financiera-especulativa-
y capacidad para influenciar el cauce y orientación de las normativas
y regulaciones de los organismo financieros multilaterales y de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), en particular.
En el mundo actual pervive una doble moral, marcada por las
prácticas proteccionistas -con aranceles, subsidios y medidas no arancelarias-
que aplican quienes, desde el norte, entonan los himnos del “libre comercio”,
mientras exigen a los países del sur apertura y desregulación,
con el favor y anuencia de los organismos multilaterales y los respectivos gobiernos
nacionales.
Mientras los flujos internacionales de capital no “requieren
de visa para viajar por el mundo”, pues gozan de irrestrictas ventajas
y facilidades para su movilización, otorgadas por el carácter
permisivo de los marcos internacionales y la modificación de las legislaciones
nacionales a su favor -a través de los TLC-; el tránsito de la
fuerza de trabajo hacia los países del norte choca con el dique de la
rigidez de las políticas migratorias, además de las prácticas
discriminatorias, xenófobas y racistas que millones de personas padecen
a diario en esas sociedades “desarrolladas”.
En contraposición a los planteamientos recogidos en
los discursos predominantes, que identifican a la globalización como
sinónimo de integración, desarrollo y avance tecnológico;
vale destacar la enorme asimetría e inequidad inherente a este proceso
de “globalización neoliberal”, que resultan consustanciales
al mismo. Bajo la “máscara” de progreso con que se presenta
la “globalización neoliberal”, se hace cada vez más
explícito el acrecentamiento de la pobreza entre países y en su
interior, la expansión de la plaga de las hambrunas por el planeta, el
vertiginoso proceso de deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los
recursos naturales.
Además, la marcada profundización de las brechas
de exclusión y desigualdad en todos los ámbitos de la vida, se
va acentuando en el día a día, dejando cada vez más expuestos
los enormes contrastes en los niveles económico y social, marcando las
diferencias entre hombres y mujeres, en las condiciones de vida de las poblaciones
rurales y urbanas, en la depauperización de las poblaciones indígenas
y en el deterioro de las condiciones de vida de niños, niñas y
personas de mayor edad.
El otro rostro de la “globalización neoliberal”,
el que delinea sus verdaderos rasgos en los efectos concentradores y a la vez
excluyentes, evidencia la conducción del planeta hacia una situación
absurda e intolerable[3], no sólo ética
sino también económicamente, y que confirma el fracaso mismo del
modelo neoliberal prevaleciente. Esto nos lleva a la reflexión sobre
la misma inviabilidad del modelo y el “desorden actual” de las cosas.
Por otra parte, resulta muy difícil aislarse de la
dinámica económica mundial, aunque ésta sea asimétrica
y generadora de desigualdades; es evidente la relevancia que el comercio y la
inversión han cobrado en los últimos años y su potencialidad
de convertirse en un instrumento -más que un fin- que pueda contribuya
a un desarrollo justo y sustentable de los países, siempre y cuando éstos
se planteen desde “otra lógica”.
Los procesos de apertura y la aprobación de tratados
comerciales han demostrado que no toda inserción externa es favorable,
éstos no han podido garantizar una buena inserción para los países
pobres, y menos para la población de menores ingresos; de allí
que sea fundamental explorar otras estrategias más integrales y sistémicas,
como podría ser la integración regional, de manera que se puedan
aprovechar las sinergias colectivas generadas desde los países para lograr
una posición más digna en el plano internacional. Sin embargo,
cualquier propuesta de inserción externa sólo tiene sentido, si
está definida y articulada desde una estrategia nacional para el desarrollo.
Por ello resulta necesario e impostergable “ordenar
nuestra casa”, enfrentar y superar los históricos problemas estructurales
que padece nuestro país con políticas económicas adecuadas,
antes de buscar la inserción externa; y de esta forma evitar que la apertura
económica se traduzca principalmente en perjuicios para las empresas
nacionales -con muy bajo nivel de competitividad-, para los trabajadores y trabajadoras,
para los pequeños productores y para la población en general.
Enfrentar estas limitaciones exige disponer de un Estado fuerte
-lo cual no implica un Estado gigante y obeso- y participativo, que trace los
carriles hacia el desarrollo con base en procesos de participación democrática,
transformando su accionar de manera que responda a los intereses nacionales,
los cuales van mucho más allá de los intereses de los núcleos
hegemónicos dominantes, y superponga los intereses domésticos
por encima de la lógica del capital transnacional.
La crisis argentina constituye una clara evidencia del agotamiento
del modelo de desregulación y apertura, y nos insta a volver nuestra
mirada hacia “lo nacional”, a reconsiderar los procesos de privatización
y liberalización de la economía para fortalecer el rol de los
Estados, desde una perspectiva que apunte a resolver las necesidades del pueblo.
2. LA AGENDA ECONÓMICA DEL PPP. ¿QUÉ
ES Y CÓMO SURGE EL PPP?
El PPP constituye principalmente una iniciativa para la inversión
en infraestructura, elaborada por el gobierno mexicano de Fox, que se presenta
con el propósito de impulsar la integración urbana y regional
de algunas ciudades mexicanas del sur-sureste, a través de la construcción
de un conjunto de corredores que faciliten la circulación de las mercancías.
A la idea original de esta iniciativa, concebida para algunos
Estados mexicanos de la franja del sur-sureste de México[4]
se le adosaron posteriormente las repúblicas centroamericanas, para configurar
una versión regional y más amplia del Plan, que permitió
imprimir una viñeta con el nombre de Plan Puebla Panamá; aunque
quizá hubiera sido más adecuado etiquetarlo como Plan México-Panamá
o Plan Puebla-Darién[5].
Seguramente que la alternancia en la presidencia de la república
mexicana ha sido un factor importante para reconocer explícitamente que
“las políticas instrumentadas por el gobierno federal en las últimas
cinco o seis décadas han desalentado el desarrollo en el sur de México”[6]
y que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha contribuido
a la ampliación de las brechas de desarrollo entre el norte y el sur
de ese país.
La propuesta del PPP parte de un amplio diagnóstico
en el que se dibujan los enormes contrastes existentes entre los territorios
del sur y el norte de México[7], destaca al sur-sureste
del país como una región tal que pese a tener abundantes y diversos
recursos naturales se ha mantenido secularmente en el atraso y subdesarrollo.
El diagnóstico justifica la necesidad de reformar aquéllas políticas
públicas que han reprimido el desarrollo del sur-sureste de México[8],
lo cual se convierte en el principal contenido del Plan y estímulo para
el “supuesto desarrollo” de la región.
El sur-sureste de México abarca la cuarta parte del
territorio nacional, está habitado por el 28% de la población
mexicana, siendo más de la mitad de ésta población indígena;
el nivel de ingreso promedio de la región sur sureste es inferior al
promedio nacional, éste representa la mitad del salario mínimo
mexicano. Pese a ser una región rica en recursos naturales, está
habitada por población pobre, sus condiciones evidencian un notable rezago
con relación al resto del país, hasta niveles similares a los
de Centroamérica; en general, las localidades de la región son
tan pequeñas, que registran núcleos poblacionales con un máximo
de unos 2,500 habitantes, lo cual facilita considerablemente la movilidad de
las localidades para integrar centros poblacionales de mayor magnitud[9].
Levy identifica como uno de los principales obstáculos
al desarrollo del sur sureste de México, el marco jurídico-institucional
prevaleciente y la precaria situación de la infraestructura de transporte
y comunicaciones del sur-sureste; de allí que la orientación de
la propuesta mexicana tenga como elemento fundamental la conectividad e identifique
como ejes prioritarios la inversión pública en infraestructura
y las reformas institucionales y de los marcos regulatorios.
Tomando en cuenta que el sur-sureste de México está
dotado de enormes riquezas naturales en petróleo, gas natural, cursos
de agua, reservas forestales y biodiversidad, no es azaroso ni gratuito que
las propuestas estén orientadas hacia la modificación de los derechos
de propiedad sobre los hidrocarburos y el agua, la supresión de la restricción
constitucional de poseer o arrendar grandes extensiones de tierra, así
como también a romper el control monopólico que el Estado mexicano
ha mantenido en actividades estratégicas como electricidad, gas y petroquímica.
El PPP conduce indefectiblemente a generar un espacio jurídico
e institucional que garantice la incursión de inversiones privadas en
áreas estratégicas y de enorme rentabilidad; además de
generar -con financiamiento público- las condiciones materiales necesarias
para su desempeño, como son las inversiones en infraestructura de transporte,
electricidad y telecomunicaciones, elemento estratégico en el mejoramiento
de los enlaces con los mercados del TLCAN y la Unión Europea.
El proceso de adhesión centroamericana al PPP
La iniciativa del PPP fue propuesta formalmente a los presidentes centroamericanos
el 30 de noviembre de 2000; aunque éste fue dado a conocer hasta el 15
de junio de 2001 en la Cumbre de Mandatarios del Mecanismo de Diálogo
y Concertación de Tuxtla, celebrada en San Salvador, y en la cual se
acuerda aprobar las ocho iniciativas y proyectos mesoamericanos, incluir al
PPP como capítulo dentro del Mecanismo de Tuxtla, e instalar la Comisión
Ejecutiva, el Grupo Técnico Institucional y la Comisión de Alto
Nivel de Promoción y Búsqueda de Financiamiento[10].
Bastaron seis meses para que los gobiernos hicieran propias
las iniciativas ajenas expresas en el PPP, sin el mínimo esfuerzo por
identificar sus potenciales impactos en los sectores nacionales. Este fue asumido
por las partes centroamericanas sin que se conozcan a la fecha los estudios
técnicos y de impacto que permitan visibilizar las secuelas derivadas
de la aplicación de los proyectos que integra, de manera que puedan dimensionarse
los beneficios y/o perjuicios generados, pero sobre todo identificar los sectores
ganadores y perdedores con el Plan.
En el proceso se observan fielmente los procedimientos que
han caracterizado las negociaciones de los diversos tratados y acuerdos comerciales
suscritos previamente por sus gobiernos: falta de transparencia, ausencia de
consulta y participación de los diferentes sectores económicos
y sociales en los procesos de negociación.
En la retórica del PPP destaca entre sus objetivos:
“establecer procesos de participación social amplia”; sin
embargo, la ausencia de participación en el diseño y en la implementación
del mismo, nos hacen pensar que existe una confusión conceptual, quizá
en el glosario del PPP la participación social amplia se defina como
las decisiones asumidas por un grupo de funcionarios y propietarios de grandes
empresas, a puerta cerrada y de manera inconsulta.
En este contexto, las concesiones unilaterales a las exportaciones
de algunos productos nacionales, a través del Acuerdo Bilateral de Alcance
Parcial y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, así como la suscripción
en serie de TLC y el advenimiento del ALCA, aparecen como una bendición
para un país con una política económica carente de rumbo
y sin instrumentos idóneos que le permitan sostener las tasas de crecimiento
de la actividad económica.
Iniciativas que responden a las agendas de otros, como son
el PPP, los TLC y el ALCA son asumidas de inmediato por los gobiernos, en un
“acto reflejo”, pues asumen en un acto de fe, sin cuestionamiento
alguno, que el comercio y la inversión resultan en todos los casos beneficiosos.
El contenido del PPP
En la Declaración Conjunta de San Salvador del 15 de junio del 2001,
los presidentes de Centroamérica y México acuerdan impulsar las
“Iniciativas Mesoamericanas”, que se trata de un paquete de ocho
componentes que integra el PPP.
Estas iniciativas incluyen desarrollo sustentable, desarrollo
humano, prevención y mitigación de desastres naturales, promoción
del turismo, facilitación del intercambio comercial, integración
vial, interconexión energética e integración de los servicios
de telecomunicaciones.
En el documento oficial se plantea como objetivo del PPP “la
potenciación de la riqueza humana re la región mesoamericana en
un marco de desarrollo sustentable que respete la diversidad cultural”[11],
para ello define ocho iniciativas mesoamericanas que dan el marco al conjunto
de proyectos que contiene el Plan.
Aunque la revisión del contenido del PPP muestra que
estas iniciativas van más allá de la inversión en infraestructura
(integración vial, interconexión energética e interconexión
en comunicaciones) y la promoción de actividades comerciales (promoción
del turismo y facilitación del intercambio comercial), al incluir aspectos
como desarrollo sustentable, desarrollo humano y la prevención y mitigación
de desastres naturales; pero a juzgar por la lógica mercantil que determina
el PPP, la distribución de los recursos financieros de que disponen las
distintas iniciativas, los propósitos de sus principales impulsores -las
corporaciones transnacionales, las IFI y los gobiernos nacionales- y por los
hechos registrados hasta la fecha, es evidente que la clave económica
de la iniciativa es la conectividad.
A la base del PPP pervive la tesis asumida por los gobiernos
que la liberalización del comercio e inversión resulta beneficiosa
en sí misma, y se convierte en un fin automática para la reactivación
de la economía, de cuyo crecimiento por “efecto rebalse”
se desparramarían los beneficios a toda la población.
Nada más alejado de la realidad, esto lo demuestran
las experiencias fracasadas que han llevado hasta el colapso de países
-como Argentina-, que aplicaron al pie de la letra la ortodoxia del ajuste y
liberalización de la economía.
Esa tesis también se desmitifica con la experiencia
de protección y regulación de los países desarrollados,
que en oposición al mandato y exigencia de apertura y desregulación
en los países subdesarrollados, les permite mantener niveles de crecimiento
económico suficientes como para garantizar mejores condiciones de vida
a sus habitantes. Siendo así, resulta obvio que el comercio y la inversión
no tienen efectos neutros e inocuos en las poblaciones, en las empresas nacionales,
en el medio ambiente, ni en los trabajadores.
Aunque en el texto del PPP se dibujan interesantes iniciativas
que postulan por la búsqueda de un desarrollo humano y sustentable, así
como el estímulo de procesos participativos y democráticos; en
el mapa trazado por el BID[12] el PPP se simplifica a
una Mesoamérica conectada por proyectos de infraestructura (carreteras,
interconexión eléctrica, fibra óptica, puertos) y un corredor
biológico, sin que asomen el bosquejo de proyectos de educación,
salud, vivienda y otros vinculados con el directo bienestar de la población.
El PPP, al igual que cualquier política o programa
económico, no es una construcción “inocua” y “neutral”
como se podría desprender de la retórica de su texto; el PPP no
es un modelo abstracto, se trata de una iniciativa amplia, que incluye un conjunto
de megaproyectos a aplicar en los países de Centroamérica y algunos
Estados mexicanos, sobre realidades concretas, que pese a tener un común
denominador en indicadores de exclusión y pobreza, presentan enormes
asimetrías en sus marcos jurídicos e institucionales, en sus capacidades
competitivas y en sus estructuras productivas.
La verdadera agenda del PPP
Existe una notable convergencia en contenidos y en el énfasis en la inversión
pública entre las iniciativas que integran el PPP, la Estrategia de Centroamérica
para la Transformación y Modernización en el Siglo XXI y las recomendaciones
que Porter hiciera a los gobernantes centroamericanos[13],
todas coinciden en presentar como ejes estratégicos para el “desarrollo
sustentable de la región”, la inversión en infraestructura
(vial, telecomunicación y energética), el ecoturismo y la construcción
de un corredor biológico mesoamericano, sin desestimar la importancia
y fomento de la maquila tecnológica.
Pese a que la retórica del PPP alude a proyectos para
el desarrollo humano y mejora de la calidad de vida de la población,
hasta la fecha sólo se conoce de iniciativas para la conectividad de
la región, como la construcción de un corredor logístico
de Centroamérica (carreteras, ferrocarriles, transporte marítimo
y cabotaje, transporte aéreo, telecomunicaciones) y la interconexión
eléctrica (generación hidroeléctrica y termoeléctrica,
hidrocarburos)[14].
En este sentido, las iniciativas que apuntan hacia el desarrollo
humano y sustentable dentro del Plan resultan en la práctica componentes
accesorios, que solo tienen importancia en la medida en que le imprimen al PPP
el “rostro humano y ecológico” que necesita para su venta
y difusión un proyecto dominado por una lógica mercantil, que
antepone los intereses transnacionales a los nacionales.
Desde el análisis del Documento Base del PPP, resulta
evidente que éste representa un proyecto mercantil, que pretende la re-localización
regional de la producción en base de criterios económicos de maximización
de ganancias, que busca aprovechar las “ventajas comparativas” de
las regiones, lo cual supone promover la reducción de los costes totales,
mediante la obtención de bajos costes directos (materia prima, mano de
obra y energía) y bajos costes de transporte (insumos y productos)[15].
Es evidente que en la arquitectura del PPP se percibe el influjo
de un enfoque de geografía económica, que aplica algunas extensiones
de modelos de competencia imperfecta y de programación mixta a fin de
identificar la localización de plantas productivas[16];
siendo así, la lógica que da coherencia al PPP es aquella que
justifica la maximización de beneficios y minimización de costes
de las empresas.
El PPP propone establecer un sistema integrado de transporte
(terrestre, ferroviario, aéreo y marítimo), trazando ejes carreteros[17]
que vincularán los centros de abastecimiento de materias primas con los
nodos (ciudades de ensamblaje) y los puntos de exportación, para disponer
así de una red de infraestructura que posibilite la realización
de la producción, con lo cual se estimula enormemente la opción
preferencial de los gobiernos centroamericanos por un esquema regional basado
en la actividad maquiladora.
La idea de movilizar piezas desarmadas en contenedores -que
faciliten el traslado terrestre y marítimo- está íntimamente
relacionado con la interconexión de ciudades “ensambladoras”
o maquiladoras que se conectarían a través de los sistemas de
carreteras, y que dicho de paso disponen de mano de obra barata[18].
En la letra del Plan se enfatiza en la inversión pública
en infraestructura, principalmente para la construcción de un sistema
de transporte que reduzca los fletes y facilite el traslado de las mercancías
por canales secos trazado en circuitos que unan las zonas en que se hayan -o
donde se instalarían- las empresas transnacionales y los mercados de
factores y productos[19].
Con este componente de inversión en infraestructura
se asegura el propósito superior del PPP de procurar la conectividad
en la región, pero además abre el ámbito de las inversiones
a la infraestructura hidro-agrícola, a través de proyectos de
obras de irrigación para palma africana hasta por 700 mil hectáreas.
Además, el PPP abre convenios de bio-prospección
y de diversidad biológica, lo cual se da en el marco vigente que establece
la Organización Mundial del Comercio y de los TLC suscritos, desde los
cuales se obligan a los países de la región a dar cumplimiento
a la letra de los Acuerdos de Derechos de Propiedad Intelectual aplicados al
Comercio (ADPIC), en los cuales se concede un derecho monopólico de hasta
veinticinco años sobre las patentes registradas por las empresas transnacionales.
Esta situación abre la puerta a las corporaciones transnacionales
dedicadas a la industria química farmacéutica, la biotecnología
y la biogenética hacia el universo de riquezas en biodiversidad que posee
la región, del cual pueden disponer sin restricción alguna. Esto
con la gravedad de que las patentes que están siendo registradas con
nuestros recursos naturales, seguramente serán devueltas en forma de
medicamentos o productos industriales a un precio inaccesible por el poder monopólico
que ejercen sobre ellos.
El otro lado del PPP está referido a las transformaciones
jurídicas e institucionales necesarias para la concreción de los
verdaderos propósitos del proyecto de inversión, y que están
determinadas por la Constitución Política de las repúblicas,
la única y última instancia a la cual los TLC están subordinados
en los marcos jurídicos de Mesoamérica.
La supresión de los factores jurídicos que “reprimen”
el “desarrollo” de la región del sur-sureste de México
y de Centro América, según el diagnóstico del PPP, es una
de las piezas claves en la construcción del marco jurídico en
que se cimentará el ALCA, dado que permitiría modificar el último
hito jurídico para la liberalización completa de la inversión,
como es la Constitución Política. Con ello se concluiría
la faena ya iniciada los TLC, al subordinar el marco legal de cada país
a la letra y contenido del tratado.
Como muestra de los factores jurídico-institucional
que “reprimen el desarrollo” de las regiones más pobres de
la región -pero ricas en recursos naturales- se retoman las propuestas
que se encuentran a la base del componente mexicano del PPP, en el cual se plantea
la necesidad de modificar los derechos de propiedad sobre los hidrocarburos
y el agua, la supresión de la restricción constitucional de poseer
o arrendar grandes extensiones de tierra y la ruptura del control monopólico
que el Estado ha mantenido en actividades estratégicas como electricidad,
gas y petroquímica.
Esto hace obvio el objetivo de las reformas jurídicas
e institucionales que impulsa el PPP, y no cabe duda que su concreción
abriría totalmente el espacio para la incursión de las inversiones
privadas en aquellas áreas estratégicas y hasta ahora reservadas
para las empresas públicas.
Los recursos para financiar el PPP
Como resultado de la Cumbre de junio de 2001 en San Salvador, el gobierno mexicano
anuncia modificaciones en los términos (porcentaje de bienes y servicios
mexicanos a incorporarse en la ejecución de los proyectos) y condiciones
financieras (flexibilización de la tasa de interés, uso y destino
de los fondos) aplicables a los recursos del Acuerdo de San José para
financiar los proyectos centroamericanos del PPP y proyectos de reconstrucción
para países afectados por el Huracán Mitch y los terremotos de
enero y febrero del 2001 en San Salvador.
Los recursos disponibles para apoyar la ejecución de
proyectos centroamericanos ascienden a 159.7 millones de dólares, de
los cuales 55.3 estarían destinados a proyectos de reconstrucción
-con la limitación que el 96% de este monto estará disponible
para ser comprometido a partir del 2003- y los 104.4 millones complementarios
tienen recursos disponibles para proyectos tradicionales, como la construcción
de la carretera en Honduras que conduce del Puerto Cortés-Frontera de
Guatemala, pieza clave en el mapa de conectividad del PPP.
Por otra parte, con el antecedente del Grupo Consultivo Regional
para la Transformación y Modernización de Centroamérica,
integrado por donantes y representantes de Alemania, Canadá, España,
Estados Unidos y Suecia[20], creado para la reconstrucción
de los países afectados por el Huracán Mitch en 1998 y que se
reunió el 28 de mayo de 1999 en Estocolmo, Suecia; durante enero de 2001
se presentan al G-6 en Madrid, España, el paquete de iniciativas centroamericanas
del PPP, conocidas como el Planteamiento de Madrid, con el propósito
de encontrar recursos para su financiamiento.
Llama la atención la celeridad con que las iniciativas
para la conectividad presentadas al G-6 en Madrid encontraron las promesas y
desembolsos para su respectivo financiamiento, mientras que antiguas reivindicaciones
-de enorme trascendencia en el desarrollo nacional y regional- como la necesidad
de una banca para el desarrollo rural, la solución a la problemática
de generación y abastecimiento de agua potable, las precarias condiciones
de desempeño de la micro y pequeña empresa, han encontrado la
secular limitación de la falta de recursos financieros.
La procedencia de los recursos financieros para poner en marcha
el PPP provienen básicamente de tres fuentes: a) la inversión
privada realizada por empresas transnacionales con interés en la región,
entre las que destacan International Paper Company, Texas Conection, Ford Motor
Company, Pulsar de Monterrey, Tribasa, Carso, GAN, ICA, e Imbursa, entre otras;
b) los préstamos otorgados por los organismos internacionales y los países
del G-6; y c) la inversión pública financiada por los países
a través de los presupuestos nacionales.
Entre los organismos internacionales que financian el PPP
se encuentran el Banco Mundial, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial -FMAM-
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, vale destacar
que el BID trabaja con el Grupo Técnico Interinstitucional del PPP, en
cuya instancia también participa el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) y la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL)[21].
Es evidente que la mayoría de estos proyectos serán
financiados con préstamos otorgados por el BID, el BM y el BCIE, empréstitos
que pagaremos los ciudadanos y ciudadanas, lo cual sin duda alguna que presionarán
aún más la ya deficitaria situación de las cuentas del
sector público no financiero salvadoreño, que después de
la dolarización de la economía y los terremotos del 2001 han registrado
niveles tan altos que se podrían tornar inmanejables.
Por otra parte, la asimétrica distribución de
los recursos financieros por iniciativas confirma la tesis del carácter
mercantil del PPP y la ausencia de interés en las áreas de desarrollo
humano y sustentable. El énfasis principal de éste se concentra
en interconexión energética (US $ 445.7 millones) e integración
vial (US $ 3,420.6 millones de dólares), ambos representan el 96% del
total de los recursos financieros disponibles.
La bolsa disponible para el financiamiento de las ocho iniciativas
mesoamericanas asciende a US $ 4,017.7 millones, de los cuales la iniciativa
de Desarrollo Sustentable tiene asignado escasamente el 0.4% del total, la Iniciativa
de Desarrollo Humano el 0.7% y la Iniciativa de Prevención y mitigación
de desastres el 0.6%, lo cual demuestra la escasa importancia que se le confiere
a estos componentes del PPP que desde el discurso y la retórica oficial
le imprimen al Plan la lógica de desarrollo sustentable.
Del total de los US $ 4,017.7 millones, se destina a México
el 45% para financiar todas sus iniciativas; además de los recursos propios
incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para 2002 el
Congreso Mexicanao aprobó recursos al PPP por un monto de 7,557.1 millones
de pesos, de los cuales el 83% se destina a inversiones en transporte y comunicaciones[22].
[1] Paniagua, Carlos y Chávez, Ana (200):
El Bloque Hegemónico Salvadoreño, tesis para optar al grado de
Licenciado en Economía, Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas, El Salvador.
[2] La zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
lidereada por Estados Unidos, la Unión Europea (UE) cuyo portaestandarte
es Alemania y las economías de la Cuenca del Pacífico del Sur,
con Japón a la cabeza.
[3] Según el Informe de Naciones Unidas de 1998, las tres personas más
ricas del mundo tienen propiedades que superan el PIB de los 48 países
más pobres, de los 4.4 billones de personas en los países subdesarrollados:
2.6 billones no tienen acceso a condiciones sanitarias básicas, 1.5 billones
no tienen agua potable y la quinta parte de los niños se encuentran en
situación de analfabetismo.
[4] El sureste de México incluye los Estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero,
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Puebla.
[5] La iniciativa del PPP fue propuesta el 30 de noviembre de 2000 a los presidentes
centroamericanos en San José, Costa Rica; donde suscribió un acuerdo
relativo al “Plan Integral de Desarrollo para la Región Sur-Sureste
de México.
[6] Levy, Santiago; Kessel, G., y Dávila, E. (2000), El Sur También
Existe: un Ensayo el Desarrollo Regional de México, Julio, México
DF. Este estudio constituye la base teórica y analítica en que
se fundamenta el diseño del Plan Puebla Panamá.
[7] Ver: www.ppp.presidencia.gob.mx
[8] Levy, S. y otros, Op cít.
[9] Ibíd.
[10] Ver: Antecedentes, avances y perspectivas del Plan Puebla Panamá,
marzo de 2002, www.ppp.presidencia.gob.mx
[11] Antecedentes, avances y perspectivas del Plan Puebla Panamá, Op
Cít.
[12] Ver presentación del PPP en el portal del BID: www.iadb.org/regions/re2/ppp.
[13] Ver propuesta de Michael Porter y Lucía Marshall: Estrategia para
el Desarrollo Sustentable de Centroamérica, presentada en 1998 en INCAE,
Alajuela, Costa Rica.
[14] Ver: www.iadb.org/regions/re2/ppp.
[15] Ibíd.
[16] Levy, S. y otros, Op Cít. p. 10.
[17] En México, los principales ejes carreteros son: a) Matamoros-Tampico-Veracruz-Viillahermosa-
Campeche-Mérida; b) Tapachula-Arriaga-Salinas Cruz-Acapulco-Lázaro
Cárdenas; c) El enlace Tuxtla Gutiérrez con Cárdenas -Tabasco;
c) Los puertos de Progreso, Salina Cruz, y Coatzalcos.
[18] El PPP generará descomposición del “tejido social”,
entrevista realizada por La Jornada de México al Dr. Andrés Barreda,
http://www.jornada.unam.mx/2001/jun01/010627/oriente-ppb.htm.Ibíd.
[19] Ibíd.
[20] Luego Japón se integrará al grupo para constituir lo que
se conoce como el G-6.
[21] Ver: Entre Pueblos, El PPP: Proyecto globalizador neoliberal, RMALC y MCD,
México
[22] Antecedentes, avances y perspectivas del Plan Puebla Panamá, Op
Cít.
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