Las reformas a la Ley del Seguro Social enviada en 1995 por
el presidente Ernesto Zedillo y aprobada por la bancada del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) de manera "inaplazable y urgente", tenía
como propósitos principales salvar del crack financiero al instituto,
consolidar pensiones más dignas y ampliar los elementos redistributivos
del ingreso financieramente sustentables para fomentar el ahorro nacional.

En 1995 con Genaro Borrego Estrada y en 2004 con Santiago Levy
como directores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el escenario
catastrofista que pintan se ha repetido; parece que fue sacado del mismo texto,
sólo que con una diferencia de nueve años: "De no llevarse
a cabo las reformas, dentro de unos tres años, máximo cuatro,
tendríamos una situación francamente difícil en lo financiero",
advirtió en su momento Borrego Estrada, el principal impulsor de las
reformas zedillistas de 1995 y actualmente senador por el PRI.

El gobierno de Ernesto Zedillo ofreció una "reforma
bondadosa", al grado de que aseguraba que los trabajadores mexicanos podrían
convertirse, de ser aprobadas las propuestas de enmienda presentadas en noviembre
de 1995, en el principal activo de ahorro interno. Vendía la idea de
que cada trabajador tendría en su sistema de pensiones una aportación
real cercana a 17 por ciento del salario de cotización.

Pero aún más, afirmaba que las reformas ayudarían
a transparentar el sistema buscando el ahorro interno, el cual ayudaría
a "la expansión de la economía y la generación de
empleos".

Ofrecía que los recursos del fondo de pensiones de la
institución -estimados en ese momento en 24 mil millones de nuevos pesos
anuales acumulativos- serían distribuidos entre todos en vez de que se
guardaran y permanecieran ociosos o fueran destinados a otros fines.

En contraste con el discurso catastrofista sobre el futuro
financiero del IMSS, el gobierno del presidente Zedillo hacía gala de
"ser buen administrador" y destacaba que el IMSS era de las pocas
instituciones públicas "que sopesan los efectos de la crisis con
un adecuado manejo de los recursos''.

De acuerdo con los lineamientos hacendarios y las proyecciones
del propio IMSS, sus ingresos durante 1995 ascenderían a 46 mil 572 millones
de nuevos pesos, mientras que el gasto general del instituto era de 43 mil 262
millones. El remanente esperado se ubicaba en 3 mil 310 millones de nuevos pesos,
cálculo que se esfumó por los efectos de la crisis.

Pero no dejaban de ofrecer, si se aprobaban las reformas a
la Ley del Seguro Social, un futuro halagüeño: tanto, decía
Genaro Borrego, entonces director del IMSS, que en ningún momento se
afectarían los derechos de los pensionados. Por el contrario, agregaba,
los trabajadores en retiro "deberían aliarse" a la propuesta
del gobierno, porque la iniciativa buscaba que los nietos de los pensionados
tuvieran una situación mejor, "es decir, que a sus nietos no les
pase lo que a ellos les ha pasado".

El gobierno zedillista insistía en que las reformas
a la Ley del Seguro Social le darían equilibrio financiero al IMSS y
se tendría un incremento en las aportaciones del Estado.

Pero nueve años después nada de esto es realidad.
Con las mismas prisas y argumentos similares, ahora los diputados priístas,
con el apoyo de los panistas, intentan convencer de las bondades de su iniciativa
de ley y, como en 1995, advierten que si no se aprueba las finanzas del IMSS
irán a la quiebra.

El noviembre de 1995, el entonces secretario del Trabajo, Javier
Bonilla, fue tajante al señalar que con las reformas de 1995 el gobierno
de Ernesto Zedillo trataba de resolver un problema de viabilidad financiera,
pero que de ninguna manera permitiría que se pusiera en riesgo el cumplimiento
de las obligaciones correspondientes a la institución porque -en ese
caso- habría grandes repercusiones sociales.

El gobierno esperaba que con la reforma, los recursos que servirían
para incrementar el ahorro nacional serían superiores a los 30 mil millones
de nuevos pesos anuales, considerando, además de los fondos del IMSS,
las cuotas para vivienda (Infonavit) y del Sistema de Ahorro para el Retiro
(SAR). Con ello, aseguraba, se lograría la meta de incrementar el ahorro
interno, antes de que finalizara esa década, de 16 a 22 por ciento del
producto interno bruto (PIB).

La iniciativa presentada a finales de noviembre de 1995 fue
aprobada en comisiones por la mayoría priísta el 5 de diciembre
del mismo año. Ese mismo día la aplanadora del PRI votó
en favor en el pleno de la Cámara de Diputados.

El proyecto enviado por el Ejecutivo federal el 9 de noviembre
fue modificado por los legisladores en 38 de sus 305 artículos y 25 transitorios.

El 10 de diciembre, la Cámara de Senadores la confirmó
como ley, pero antes enmendó una fe de erratas enviada por la propia
Cámara de Diputados.

El Partido de la Revolución Democrática se opuso
en las dos instancias legislativas a la aprobación de las reformas, pues
aseguró que en la Ley del Seguro Social "se impuso la voluntad del
presidente Zedillo y se abrió la posibilidad de que el IMSS se privatice''.

Las iniciativas de reformas a la Ley del Seguro Social presentada
por el PRI en noviembre de 1995 y julio de 2004 son la misma historia. Para
varios investigadores y especialistas, la crisis que padece el IMSS se profundizó
justo cuando los priístas aprobaron la reforma hace nueve años.

JUAN BALBOA

La Jornada