Todo indica que los operadores del famoso redimensionamiento de la estructura burocrática del Gobierno del Estado, en muchos de los casos metieron las extremidades inferiores.



Conforme se conocen los términos de los despidos y la identidad de muchos de los perjudicados, se advierten garrafales erratas, procedimientos muy desaseados y sobre todo flagrantes violaciones a los derechos laborales.

A ojo de buen cubero este espacio ha hecho eco de quienes aplaudieron el redimensionamiento puesto en marcha, pero al ver las formas para llevarlo a cabo no nos queda más que expresar nuestra mea culpa y hacer un acto de contrición por tal desbarre.




Nadie se equivoca cuando se habla de la obesidad del gobierno y la necesaria dieta en la nómina para disponer de más recursos para la inversión pública, pero tampoco nadie se equivoca cuando se dice y se invocan principios elementales en el cuidado de las formas.



A como están los efectos inmediatos del redimensionamiento puesto en marcha a partir de ayer por el gobernador Eduardo Bours Castelo, una medida que en principio tiene aceptación social corre el riesgo de revertirse y dañar feamente la imagen justiciera que todo gobernante debe tener.



Disponemos de muchos elementos plenamente comprobables y en función del conocimiento directo de los casos, de donde surgen serias dudas respecto a la responsabilidad institucional de quienes aplicaron los criterios para "redimensionar" a bastantes servidores públicos.




Evidentemente la tarea de selección no tuvo el menor proceso de análisis por alguna comisión interinstitucional que evitara revanchas y ajustes de cuentas de parte de jefes en contra de subordinados que no se plegaron a sus corruptelas y que incluso anunciaron públicamente tales cobranzas.



Los asegunes del recorte son muchos más, entre ellos el que varios diagnosticadores carecen de experiencia en el servicio público porque acaban de ingresar y no tienen elementos para hacer evaluaciones de esa naturaleza; también está el que se despida a unos para justificar la permanencia de otros de reciente ingreso y el que se sostenga el caro sistema de compensaciones económicas adicionales al cheque verde para selecto sector de burócratas.



De acuerdo a fuentes bien enteradas e información corroborada en el "disquet" donde están los detalles del recorte de plazas aprobado por el Congreso del Estado, se advierten negociaciones de última hora porque plazas supuestamente eliminadas permanecieron y sólo cambiaron de titular.



Pero tope en tales machincuepas y conveniencias de oportunistas, porque lo más grave es el abuso de despedir a gente con 10, 15 o 20 años en la chamba sólo con la pinchurrienta indemnización de tres meses, detectándose casos de que redimensionados con cuatro o cinco años de servicio obtienen montos similares.




T'abien, si no los quieren como burócratas; no sirven para nada; su trabajo no es importante, y demás argumentos detrás de la medida, t'abien pues, pero a los "ideosos" de las formas se les debió iluminar la sesera cubriendo elementales principios de la justicia laboral, como son los tres meses, 20 días por año y 12 días más para quienes tuvieran 15 años en esa chamba, con lo cual si bien no representa alivio para los desempleados, cuando menos dejaría conformes a muchos de ellos.



Cientos de los afectados ayer se apostaron en las inmediaciones de las oficinas del Sutspes donde increparon a su dirigente Luis Antonio Castro Ruiz, quien en estos momentos debe estar sufriendo las de Caín para justificar su parsimonia ante tantos abusos que saltan por todas partes.



Castro Ruiz cuando menos ya envió al gobernador un escrito donde solicita la aplicación de criterios legales que impliquen también justicia para los despedidos, como lo es indemnizarlos tal como lo señala la Ley Federal del Trabajo y no sólo en atención a la fenicia Ley 40.



Fuentes de ese sindicato aseguran que de los 800 despedidos de base, cuando menos un 30 por ciento deberán ser sujetos a una reconsideración inmediata si es que el gobierno del estado no quiere verse involucrado en una gigantesca disputa legal que puede implicar hasta la inconstitucionalidad de la medida y costos muy altos para resarcir daños, con el agregado de que se asegura la existencia de 798 plazas nuevas que en el curso de los días habrán de ser ocupadas.




Cierto que las injusticias son las menos, pero mientras haya una resultará inaceptable, como lo decía y lo decía bien el propio Bours Castelo, cuando predicaba sobre el Sonora de Oportunidades al que todos tenemos derecho, ¿verdátu?.



Es que nos llegan reportes respecto a que contrario a lo esperado, los de más pesado producto avícola, los buenos para nada de determinadas dependencias, siguen allí por lamer los ídem del jefecito encargado de elaborar el diagnóstico y proponer el recorte, análisis deglutido de un sorbo por el equipo concentrador encabezado por Guillermo Hopkins Gámez.



Por lo pronto, a la nube de recientes desempleados apostados en las inmediaciones del Sutspes, se agrega otra nube de abogados que se soban las manos ante los seguros negocios que en charola de plata les ofrece la impericia de los operadores del desaguisado.



Se apuesta doble contra sencillo a que en los tribunales laborales muchos de los ahora despedidos serán reinstalados en sus puestos de trabajo, dice el experto en derecho laboral Raúl Sáinz Cota, en tanto que otros tantos, si bien no regresarán, obligarán al Estado a una indemnización conforme a derecho y no la bicoca con la que les están tirando.



A fin de cuentas, en este desafortunado episodio deberá prevalecer el espíritu justiciero de Bours Castelo, porque su administración no deberá cargar con la responsabilidad histórica de haber actuado en función de intereses que de plano no son los suyos y que son tan fáciles de detectar si es que sus estrategas con guadaña hacen su trabajo en serio.




Incluso podrían detectarse actos de corrupción oficial en la aplicación de los criterios para algunos despidos y como sugerencia sin causar honorarios, el contralor Arnoldo Soto Soto, debería de revisar el ajuste de cuentas y el porqué del mismo perpetrado por el agente fiscal en Nogales, Leobardo Gil Torres, en un caso de los varios que aseguran existen.



En fin, por salud pública, por salud política, no estaría de más que los guillotineros se sienten tranquilamente y analicen los efectos de sus actos y remedien lo remediable, porque no se vale que salgan con la puntada que los responsables de la actual situación son los gobernadores Manlio Fabio Beltrones Rivera y Armando López Nogales, porque durante sus gestiones la nómina estatal se disparó en un 106 por ciento o que remitan responsabilidades hacia los diputados porque fueron ellos los que aprobaron el decreto correspondiente.



En mejor onda, los tres reyes magos hicieron su tarea en el caso del profesor y licenciado Francisco de Paula García Corral, quien luego de merecidas vacaciones a partir de hoy se hace cargo de la Dirección General de Notarías en lugar de Enrique Fox Romero.



Además del secretario de gobierno Bulmaro Pacheco Moreno, con ese nombramiento deberán andar felices los ilustres notarios Miguel Angel Murillo, Enrique Ahumada Tarín, Gilberto Otero Valenzuela, Genaro Encinas Ezrré, Adrián Manjares, Carlos Gámez Fimbres, entre otros.




Entretelones. Samuel Valenzuela


Periódico Crítica, Hermosillo, Son., 07/01/04